Promueven juicio político contra la presidenta de la CEDHJ por su actuación durante la Mega Marcha por el Agua.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, académicos y la diputada local Tonantzin Cárdenas Méndez promovieron, el pasado 18 de noviembre, un juicio político contra Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), por presuntas omisiones en su actuación durante la Mega Marcha por el Agua del pasado 11 de octubre.
La iniciativa surge luego de que la Comisión descartara la existencia de actos de tortura contra las personas manifestantes detenidas durante aquella jornada.
El pasado 12 de noviembre, la CEDHJ presentó ante el Congreso del Estado un informe en el que aseguró que el personal del organismo desplegado durante la movilización no presenció actos de tortura contra las y los manifestantes.
De acuerdo con la Comisión, durante la jornada participaron 16 personas observadoras y se brindó acompañamiento a las 39 personas detenidas. Sin embargo, quienes promueven el juicio político cuestionan que el organismo no haya esclarecido suficientemente cuáles fueron las acciones emprendidas para garantizar los derechos de las personas detenidas, particularmente de aquellas que permanecieron incomunicadas.
Entre sus exigencias, las organizaciones y representantes ciudadanos anunciaron que solicitarán la renuncia de Godínez González, además de un informe detallado y documentado sobre la actuación de la Comisión durante los acontecimientos del 11 de octubre. Señalaron que, de acreditarse responsabilidades por omisión, el procedimiento podría derivar en la destitución de la funcionaria.
La iniciativa cuenta con el respaldo de diversas organizaciones y colectivos, entre ellos el Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad en Jalisco, representado por Adriana Sugey Cárdenas Salmerón; el Colectivo Rodolfo Reyes Crespo, con Rafael Ortiz Martínez; el Colectivo Luz de Esperanza; la Colectiva Marea Incondicional; el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, con Lisi Celis González, y el Instituto de Derecho Ambiental A.C., representado por Alejandra Ávila Martínez.
También participan David Bak Geler y Darwin Franco, de la Universidad de Guadalajara, así como José Manuel Alba, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Las personas promoventes señalaron que este procedimiento busca recuperar la confianza ciudadana en la CEDHJ y exigir que los organismos públicos encargados de proteger los derechos humanos respondan ante posibles abusos de autoridad y vulneraciones a las garantías de quienes ejercen su derecho a la protesta.
Durante la rueda de prensa, argumentaron que, con fundamento en los artículos 97 y 98 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y en la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado, la titular de la Comisión podría ser sometida a juicio político por actos u omisiones que ocasionen perjuicios graves a los intereses públicos o al funcionamiento de las instituciones.
El procedimiento será presentado ante el Congreso del Estado, donde la Comisión de Responsabilidades deberá analizar su procedencia. De admitirse, se dará paso a la investigación correspondiente para determinar si existen elementos que sustenten las responsabilidades señaladas.
Yohan Rodríguez Saldaña
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