Crisis del agua en Jalisco: IMDEC exige emergencia sanitaria por fallas del SIAPA

Por Mario Marlo / @Mariomarlo

Guadalajara, Jalisco 19 de marzo 2026.- La crisis del agua en Jalisco ya no puede explicarse como una falla pasajera ni como un problema técnico aislado. Para María González, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), lo que ocurre hoy en la zona metropolitana es la expresión de un deterioro prolongado del SIAPA y una violación directa al derecho humano al agua y al saneamiento.

Durante la entrevista en el programa Así Namas, de Radio Coyotera, la defensora sostuvo que el problema no comenzó en las últimas semanas, aunque en este periodo alcanzó niveles inadmisibles por la llegada de agua turbia, con olor y en algunos casos visiblemente contaminada a los hogares. Desde su lectura, la situación es más grave porque compromete no solo la calidad del servicio, sino la salud de la población.

“Hay una violación absoluta, en este caso del SIAPA, de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, de la Comisión Estatal del Agua, de estos dos derechos”, afirmó en referencia al derecho humano al agua y al saneamiento. Para la activista, el punto central no es únicamente que el agua no pueda beberse, sino que ni siquiera existen garantías mínimas para su uso cotidiano sin riesgos.

La directora del IMDEC recordó que el Estado mexicano tiene obligaciones constitucionales e internacionales en materia de agua y saneamiento. Por ello, subrayó que los tandeos, los cortes, la falta de conexión al sistema y la distribución de agua en malas condiciones no son simples deficiencias administrativas, sino incumplimientos graves de derechos humanos.

En la entrevista, María González también alertó sobre los impactos económicos de esta crisis. Señaló que muchas familias se ven obligadas a comprar agua embotellada, contratar pipas o instalar filtros costosos, lo que convierte el incumplimiento estatal en un negocio privado. En los hechos, dijo, se profundiza un modelo donde acceder a agua segura depende de la capacidad de pago de cada hogar.

Fotos tomadas de: IMDEC A.C.

Otro de los ejes de su denuncia fue la situación interna del SIAPA. Afirmó que el organismo arrastra desde hace años problemas estructurales de corrupción y pérdida de capacidad técnica. Recordó que existen auditorías que han documentado irregularidades, pero sin consecuencias judiciales ni administrativas de fondo. A eso se suma, explicó, el desmantelamiento del conocimiento técnico acumulado por trabajadores con experiencia, mientras se colocan perfiles sin capacidad suficiente en puestos clave.

Para María González, la responsabilidad no recae solamente en la dirección del SIAPA. También alcanza al gobierno estatal y a los municipios que integran la junta de gobierno del organismo. Recordó que los ayuntamientos tienen obligaciones constitucionales directas para garantizar los servicios de agua y saneamiento, por lo que no pueden deslindarse ni reducir la crisis a un intercambio de culpas partidistas.

La activista también alertó sobre reportes ciudadanos que ya hablan de afectaciones a la salud. Explicó que, desde las campañas ciudadanas, comenzaron a documentar denuncias sobre malestares físicos asociados al contacto con el agua. Por ello, insistió en que la respuesta oficial no puede limitarse a narrativas contradictorias o a pedir a la población que deje correr el agua hasta que cambie de color.

Frente a este escenario, el IMDEC exigió dos medidas inmediatas: la declaratoria de emergencia sanitaria y la garantía de fuentes alternativas de abasto para las familias afectadas. Además, llamó a la ciudadanía a organizarse, denunciar y participar en las acciones públicas impulsadas por las campañas #SiapaCorrupto y #ElSiapaqueQueremos, Agua para la Vida, no para el Negocio.

La crisis del agua en Jalisco, planteó María González, no solo exhibe tuberías dañadas o mala gestión operativa. También revela un modelo institucional que ha permitido corrupción, impunidad y el traslado de los costos de la crisis a la población. Lo que está en juego, advirtió, no es únicamente la calidad del servicio, sino la garantía de derechos fundamentales para la vida.